¡OPERACIÓN SENASA 2.0-A! 28 ARRESTADOS Y 37 ALLANAMIENTOS CONTRA PRESUNTA RED DE CORRUPCIÓN
Caso SeNaSa toma nuevo giro: 28 personas arrestadas durante 37 allanamientos
Santo Domingo, RD.– El Ministerio Público puso en marcha la Operación Senasa 2.0-A, una nueva fase de la investigación sobre un presunto entramado de corrupción integrado por ex empleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y otras personas que, según la acusación, habrían defraudado a la ARS pública mediante operaciones fraudulentas que provocaron pérdidas de miles de millones de pesos.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, informó que los fiscales realizaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
Camacho indicó que, como resultado de las acciones, al menos 28 personas fueron arrestadas y se ocuparon bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego.
El funcionario reafirmó la posición de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, de enfrentar los actos de corrupción y las estructuras de criminalidad organizada.
En el operativo participan fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección de la procuradora de corte Mirna Ortiz, además de integrantes de otras unidades del Ministerio Público.
Una nueva fase del caso SeNaSa
De acuerdo con el Ministerio Público, la Operación Senasa 2.0-A constituye una continuación de las investigaciones iniciadas con la Operación Cobra, mediante la cual fue desmantelada una estructura que, según el órgano acusador, habría utilizado sus posiciones dentro de SeNaSa para sustraer recursos públicos.
A los investigados se les atribuyen, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que durante las investigaciones ha recopilado evidencias sobre un supuesto esquema de sobornos a gran escala, alteración de estados financieros y utilización de programas especiales sin sustento jurídico para distraer fondos mediante maniobras fraudulentas.
Según la acusación, el esquema habría operado mediante la participación de funcionarios de SeNaSa y prestadores de servicios de salud, afectando los recursos destinados a los afiliados de la administradora pública.
Procesados guardan prisión preventiva
Como parte de los antecedentes del proceso, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó el pasado 5 de agosto la prisión preventiva por 18 meses contra Hazim Albainy y otros procesados.
Mientras, Ada Ledesma Ubiera cumple la misma medida bajo arresto domiciliario, luego de que su medida de coerción fuera modificada por razones de salud el pasado 16 de julio.
El expediente también incluye a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes enfrentan medidas de coerción que incluyen arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Asimismo, es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó el pasado 30 de julio la prisión preventiva de 18 meses que le había sido impuesta en mayo.
Ministerio Público amplía investigación con Operación Onco 14
Dentro de las líneas investigativas relacionadas con el caso, el Ministerio Público también ejecutó en junio la Operación Onco 14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas señaladas de formar parte de una estructura que habría defraudado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, afectando al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes con cáncer y a SeNaSa.
Los detenidos fueron Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó funciones de vicepresidenta y de auditora interna y externa del patronato.
El caso fue declarado complejo por las autoridades judiciales. Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
Supuestos mecanismos de fraude
Según la investigación del Ministerio Público, los imputados y las entidades Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, habrían utilizado distintos mecanismos para distraer recursos.
Entre las conductas investigadas figuran fraude clínico y farmacéutico, modificación de indicaciones médicas, utilización de sellos médicos falsos, doble facturación a SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos.
También se investigan la venta de medicamentos donados, el uso irregular de exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas, realización de cirugías estéticas en habitaciones del oncológico y supuestos reembolsos fraudulentos relacionados con viajes y hoteles.
La investigación incluye además alegaciones de sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que los investigados habrían creado mecanismos para cobrar a SeNaSa por servicios y medicamentos que, según la acusación, no fueron suministrados a pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Las autoridades también investigan la presunta autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios económicos que, de acuerdo con el órgano acusador, no correspondían al personal de este tipo de entidades.
Con la nueva fase de la investigación, el Ministerio Público busca ampliar la identificación de los integrantes y mecanismos utilizados por el supuesto entramado, así como recuperar los recursos que, según la acusación, habrían sido sustraídos del patrimonio público.
