Por un sistema jurídico que no deje a las mujeres atrás

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, este 2026 bajo el lema: “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”. Esta conmemoración no solo busca resaltar los logros alcanzados, sino señalar una realidad crítica: sin un sistema jurídico equitativo, los derechos de las mujeres corren el riesgo de ser promesas vacías que nunca se materializan.

ONU Mujeres señala que, a pesar de encontrarnos en el segundo cuarto del siglo XXI, la brecha de género en el ámbito legal sigue siendo alarmante. Los datos indican que las mujeres solo gozan del 64% de los derechos legales que tienen los hombres a nivel global.

Esta desigualdad, señala el organismo, no es abstracta; afecta áreas fundamentales de la vida cotidiana como el acceso al trabajo, el manejo del dinero, la seguridad personal, la propiedad, la movilidad y la jubilación. Según las estimaciones, al ritmo actual de progreso, se estima que se necesitarán 286 años para cerrar por completo las brechas en la protección jurídica de las mujeres.

Garantizar el acceso de las mujeres y niñas a la justicia requiere crear un entorno normativo que elimine la discriminación, reformar las instituciones para que sean eficaces y sensibles al género, y promover el empoderamiento jurídico de mujeres y niñas para que conozcan y ejerzan sus derechos. Estas tres áreas de acción permitirían fortalecer las capacidades individuales y colectivas, y contribuirían a asegurar que los sistemas de justicia respondan adecuadamente a sus necesidades[1].

El acceso efectivo a la justicia es esencial para proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas, combatir la violencia basada en género y reducir la impunidad. Además, contribuye a disminuir la pobreza y la exclusión al facilitar la defensa de activos económicos y promover la autonomía y seguridad económica. Al mismo tiempo, ofrece mecanismos legales para enfrentar la desigualdad, el acoso y otras formas de violencia, garantizando que las mujeres puedan vivir con dignidad y ejercer plenamente sus libertades[2].

El camino hacia el futuro implica transformar la justicia en un servicio más humano, accesible y cercano a las personas. Iniciativas modernas, como las impulsadas en la República Dominicana a través del proyecto Justice Action Coalition (JAC), representan pasos importantes en esa dirección. Este proyecto, implementado por el PNUD en el marco del proyecto del Poder Judicial, con el apoyo financiero del Gobierno de Alemania y en el marco de la iniciativa global JAC impulsada por Pathfinders, promueve herramientas innovadoras para fortalecer una justicia centrada en las personas.

Entre sus avances destacan el desarrollo de indicadores modernos de justicia, el diagnóstico de accesibilidad en infraestructuras judiciales, la promoción de la digitalización inclusiva y la formación en trato digno para el personal judicial.

El gobierno alemán cree firmemente en la democracia y el fortalecimiento de las instituciones como catalizador del desarrollo económico sostenible. En la República Dominicana, su apoyo al proyecto Justice Action Coalition ha contribuido a promover una cultura institucional más inclusiva dentro del sistema de justicia, reforzando la incorporación de enfoques de derechos humanos, igualdad de género y acceso equitativo a los servicios judiciales.

Este compromiso se complementa con otros proyectos en apoyo al Ministerio Público, enfocados en la lucha contra la corrupción mediante el intercambio de experiencias, el fortalecimiento del marco jurídico, entre otras iniciativas.

El Poder Judicial dominicano, a través de su Plan Decenal 2034, ya reconoce la necesidad de que la justicia debe ser accesible, digital e inclusiva. Esto incluye desde tribunales con infraestructura adecuada para personas con discapacidad hasta el uso de herramientas digitales que acerquen el sistema a quienes históricamente han enfrentado mayores obstáculos.

Esta semana que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, es oportuno reconocer los avances del Poder Judicial dominicano en la construcción de una justicia más inclusiva, con enfoque de género y orientada hacia la transformación digital. Estos esfuerzos representan pasos fundamentales para promover una aplicación de la legislación más justa, accesible y equitativa para todas las personas.

Al mismo tiempo, esta fecha nos convoca a mantener la atención en los desafíos pendientes que son determinantes para garantizar plenamente los derechos de las mujeres y las niñas y que implican un abordaje multidimensional que articule prevención, protección, judicialización efectiva y empoderamiento, para romper ciclos de revictimización y asegurar que las mujeres y niñas puedan ejercer plenamente sus derechos.

Eliminar las brechas legales de igualdad y consolidar sistemas de justicia equitativos no solo es indispensable para el desarrollo humano de las mujeres y las niñas, sino que constituye un requisito esencial para el progreso de los países.