Pago de RD$21 mil millones a Banreservas fue una operación interinstitucional, auditada y sin salida de fondos del Estado
Abogados de Donald Guerrero aseguran que no hubo delito alguno: el dinero nunca salió del Estado, la operación fue registrada por el propio Gobierno y es materialmente imposible hablar de estafa
Santo Domingo. Los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, aseguraron que el pago de RD$21 mil millones realizado a Banreservas en 2020 constituyó una obligación legal del Estado dominicano y una operación estrictamente interinstitucional, que no implicó transferencia alguna de recursos a contratistas ni salida de fondos del ámbito estatal.
Eduardo Núñez, abogado del exministro, explicó que el desembolso se realizó del Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas, en el marco del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, mediante el cual Banreservas adelantaba recursos para garantizar la continuidad de obras públicas. “El único receptor del pago fue Banreservas. No hubo pagos directos a proveedores ni manejo de fondos por parte del exministro, como erróneamente pretende sostener el Ministerio Público”, indicó.
Núñez subrayó que la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes núm. 99-01 y 567-05, lo que confirma su carácter plenamente institucional. Precisaron además que Donald Guerrero no creó, administró ni operó dicho programa, cuya ejecución financiera correspondió exclusivamente a Banreservas bajo la supervisión de los órganos reguladores del sistema financiero.
Según explicó, lejos de generar una pérdida al Estado, la operación fue registrada oficialmente como una reducción de pasivos públicos, al liquidar compromisos financieros acumulados. “El propio Estado consignó esta transacción como disminución de deuda. Eso no es fraude: es transparencia y contabilidad pública”, señaló.
La defensa indicó que toda la operación se encuentra debidamente documentada en los registros oficiales del Estado, incluyendo el ERIR 2020, el SIGEF y la contabilidad pública, donde se describe el pago como una liquidación de compromisos interestatales. “Un fraude no se registra, no se publica ni se explica en los informes oficiales del propio Estado. Cuando la contabilidad pública documenta una operación, la narrativa de corrupción se derrumba por sí sola”, afirmaron.
En ese contexto, Eduardo Núñez sostuvo que es jurídicamente imposible hablar de lavado de activos, ya que los fondos involucrados eran públicos, lícitos y transferidos entre entidades estatales. “Sin dinero ilícito y sin delito precedente, el lavado simplemente no puede existir”, enfatizó.
La defensa insistió que, tras más de cinco años de investigación, no existe prueba alguna que vincule a Donald Guerrero con enriquecimiento ilícito, desvío de fondos o beneficio personal. Anunciaron que estos elementos técnicos y documentales serán expuestos ante el tribunal del caso contra los tres exministros, que inició hace más de cinco años, para desmontar la acusación. “No ejecutar este pago habría implicado violar la ley; hacerlo fue cumplir con una obligación institucional del Estado”, concluyó Núñez.
