Nuevo Código Penal contempla hasta 1 año de prisión por amenazas verbales a funcionarios, incluso en privado
Santo Domingo, R.D. – El presidente Luis Abinader promulgó el pasado domingo el nuevo Código Penal, mediante el decreto 74-25, una pieza legal que introduce importantes modificaciones al sistema penal dominicano, incluyendo sanciones por amenazas o expresiones ofensivas realizadas en privado contra funcionarios públicos.
El artículo 310 del nuevo código tipifica como delito el ultraje a la dignidad de los funcionarios, al considerar infracción penal “el hecho de pronunciar palabras o amenazas, o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto, o hacer estos, de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad personal y a la de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público”.
Esta forma de “ultraje”, aunque se produzca en entornos privados, será sancionada con penas de 15 días a un año de prisión menor, y una multa de dos a tres veces el salario que devengue el funcionario afectado al momento del hecho.
La nueva normativa entrará en vigencia en un plazo de 12 meses a partir de su promulgación.
Aumentos y reducciones de penas
Entre otros cambios relevantes, el nuevo Código Penal eleva las penas máximas de prisión a 40 años, y hasta 60 años en casos de concurso de infracciones graves.
Sin embargo, también introduce una reducción de penas en los casos donde se compruebe que el infractor actuó bajo provocación, amenaza o violencia grave de parte de la víctima.
El artículo 21, bajo el título de “Excusa legal de la provocación”, establece que “el homicidio, las heridas y los golpes son excusables, si de parte del ofendido han precedido inmediatamente provocación, amenazas o violencias graves”. En esos casos, las penas pueden reducirse sustancialmente, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Con esta reforma, el Gobierno busca actualizar el marco penal del país, adaptándolo a nuevas realidades sociales y jurídicas, aunque no han faltado las controversias y el debate público sobre algunos artículos que, como el 310, han generado preocupación en sectores defensores de la libertad de expresión.
