Juez conocerá revisión de medida de coerción contra Santiago Hazim y otros imputados en caso Senasa
Santo Domingo.– El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados.
El grupo es procesado por su presunta vinculación a un entramado de corrupción administrativa que habría provocado un perjuicio al Estado dominicano superior a los 15,900 millones de pesos.
La audiencia será presidida por el magistrado Deiby Timoteo Peguero a partir de las 9:00 de la mañana, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para variar la prisión preventiva de 18 meses que cumplen los acusados en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra.
Los imputados que guardan prisión preventiva son Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
De igual forma, se revisará la situación de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella, quienes cumplen medidas de arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Se recuerda que el pasado 5 de febrero, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó las medidas de coerción contra todos los involucrados, tras rechazar los recursos interpuestos por la defensa y por la Fundación Primero Justicia.
De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta red era encabezada por Santiago Marcelo Hazim Albainy y operaba mediante un “comité operativo” paralelo que tomaba decisiones estratégicas fuera de los canales institucionales de Senasa.
El expediente acusatorio indica que este mecanismo permitía agilizar o bloquear procesos a cambio de beneficios económicos, vulnerando los procedimientos legales del sistema de salud pública.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que el fraude se ejecutó mediante la adulteración de documentos, introducción de reclamaciones falsas y autorización de pagos a través de facturación simulada, además de la habilitación irregular de prestadores de salud, uso de empresas ficticias y triangulación bancaria para ocultar el origen de los fondos.
