Crece presión para revisar el Código Penal a tres meses para que entre en vigencia
Legisladores mantienen posturas divididas sobre si modificar la ley antes o después de su entrada en vigor en agosto.
A menos de tres meses para la entrada en vigor del nuevo Código Penal, prevista para agosto de este año, aumenta la presión para revisar su contenido, mientras persisten desacuerdos en el Congreso Nacional sobre el momento adecuado para introducir modificaciones.
El debate cobró fuerza tras las declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, quien consideró “conveniente” revisar la legislación promulgada en agosto de 2025, luego de más de dos décadas de estancamiento en el Congreso.
En el ámbito legislativo, las posiciones se mantienen divididas. Diputados como Ramón Bueno y Amado Díaz favorecen que la ley entre en vigencia y, posteriormente, se realicen los ajustes necesarios en función de las recomendaciones del Poder Ejecutivo y de distintos sectores.
Bueno argumentó que este mecanismo ya se ha aplicado en otras normativas, como la ley de la DNI, donde se recogieron sugerencias tras su implementación para luego ser remitidas al Congreso para su validación.
En contraste, legisladores como Eugenio Cedeño y Charlie Mariotti consideran que las correcciones deben hacerse antes de que el Código Penal comience a aplicarse, aprovechando el período de vacatio legis.
Cedeño advirtió que sería un error esperar a la entrada en vigencia para hacer ajustes, y cuestionó el cúmulo de penas contemplado en la normativa, al considerar que dificulta la revisión periódica de las condenas y el equilibrio entre castigo y reinserción social.
Por su parte, Díaz calificó como “prematuro” iniciar un proceso de modificación sin que la ley haya sido ejecutada, aunque reconoció que toda legislación está sujeta a revisión.
Más crítico fue Mariotti, quien sostuvo que el Código Penal contiene “abusos y excesos” que deben corregirse antes de su aplicación. Recordó que votó en contra de la pieza y lamentó que no se hayan realizado las modificaciones durante el período de transición.
Asimismo, advirtió sobre aspectos que, a su juicio, requieren revisión, como la responsabilidad penal de partidos políticos, iglesias y otras personas jurídicas.
Con la fecha de entrada en vigor cada vez más cercana, el Congreso Nacional enfrenta el reto de decidir si impulsa cambios en el corto plazo o permite que la normativa comience a aplicarse antes de introducir ajustes.
