Corte conocerá el 20 de enero apelación de Santiago Hazim y otros imputados en caso Senasa
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el martes 20 de enero, a las 10:00 de la mañana, el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos por Santiago Hazim y otras seis personas implicadas en el presunto caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), contra la decisión que les impuso 18 meses de prisión preventiva.
El tribunal de alzada ordenó a la secretaría notificar a todas las partes involucradas el auto de fijación de audiencia correspondiente.
La Corte estableció la audiencia luego de declarar admisibles los recursos presentados por los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito, Jaime Caonabo Terrero, entre otros, quienes manifestaron su inconformidad con la medida impuesta.
Mediante los recursos, la defensa busca que el tribunal revoque la decisión dictada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien dispuso el envío de los imputados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y a la cárcel de Najayo Mujeres, además de declarar el proceso como caso complejo.
Entre los detenidos figuran Santiago Hazim, exdirector de Senasa; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Asimismo, la Corte fijó para la misma fecha el conocimiento del recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández contra las medidas impuestas a Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes cumplen arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
El Ministerio Público sostiene que el entramado operó desde 2020 hasta 2025, causando una defraudación superior a 15,000 millones de pesos al sistema público de riesgos de salud.
Los cargos atribuidos al grupo incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, lavado de activos, así como falsificación y uso de documentos falsos.
El órgano acusador reiteró que la investigación no está cerrada y que, además de los actuales imputados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación, por lo que no se descartan nuevos sometimientos conforme avancen las indagatorias.
