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Abogados denuncian 117 muertes en supuestos intercambios de disparos con la Policía desde septiembre

Carlos Balcácer y Manuel Sierra Pérez cuestionan el silencio del Ministerio Público ante las muertes durante operativos policiales y reclaman investigaciones sobre las circunstancias de cada caso.

Un grupo de siete abogados penalistas, entre ellos Carlos Balcácer y Manuel Sierra Pérez, denunció las recurrentes muertes de ciudadanos a manos de agentes de la Policía Nacional durante supuestos intercambios de disparos o actuaciones en cumplimiento de la ley, casos que, según indicaron, suman al menos 117 desde septiembre.

Los juristas cuestionaron la falta de respuestas del Ministerio Público frente a las solicitudes de investigación relacionadas con estos hechos y calificaron de «silencio sepulcral» la actitud de la Procuraduría General de la República ante sus requerimientos.

«Al día de hoy, esa solicitud de varias diligencias no ha tenido respuesta de la Procuraduría General de la República. Un silencio sepulcral», afirmó Manuel Sierra Pérez.

Los abogados consideran que estas muertes reflejan problemas estructurales del sistema de justicia dominicano, entre ellos las deficiencias de la reforma policial, la escasez de fiscales, la insuficiencia de tribunales y las dificultades para procesar judicialmente a quienes cometen delitos.

Sin embargo, sostienen que esas limitaciones no justifican que la fuerza policial sustituya los procedimientos legales de investigación y persecución penal.

Durante su participación en el segmento Diálogo Libre, Carlos Balcácer afirmó que el Estado ha fallado en ofrecer respuestas efectivas frente a la inseguridad ciudadana.

«Fracasó el Estado. Y como el Estado no tiene respuesta frente a la población, ha decidido elegir una limpieza humana», expresó el abogado.

Cuestionan que las muertes sean vistas como solución a la delincuencia

Balcácer también se refirió a la reacción de ciudadanos que manifiestan alivio cuando la Policía mata a personas señaladas por robos, asaltos y otros delitos.

Advirtió que aceptar estas muertes como una respuesta a la delincuencia puede generar una peligrosa percepción de impunidad y otorgar a los agentes una especie de autorización para actuar al margen de los procedimientos legales.

«Porque con la actitud que está teniendo ahora mismo la Policía, bajo la dirección de su director general, se crea en el inconsciente colectivo de la autoridad una licencia de hacer lo que yo quiera», sostuvo.

El jurista señaló que muchas de estas situaciones también están relacionadas con las deficiencias en la atención de las denuncias presentadas por las víctimas, así como con la falta de coordinación entre la Policía y los departamentos investigativos del Ministerio Público.

A su juicio, la respuesta institucional debe consistir en investigar los delitos, identificar y detener a los responsables y presentarlos ante los tribunales.

«El tema no es matar al infractor», enfatizó.

Señalan escasez de fiscales y tribunales

Balcácer relacionó las dificultades para combatir la delincuencia con las limitaciones de recursos humanos y materiales del sistema judicial dominicano.

«Hay pocos fiscales. Es lo primero. Yo quiero ir a la génesis», manifestó al referirse a la cantidad de representantes del Ministerio Público frente al volumen de denuncias que reciben las fiscalías.

Explicó que los fiscales deben atender expedientes relacionados con estafas, abuso de confianza, falsificación, violencia y otros delitos, lo que dificulta la capacidad de respuesta del sistema.

También cuestionó la disponibilidad de tribunales para conocer los procesos penales en el Distrito Nacional y consideró necesario ampliar la capacidad de los órganos judiciales.

El abogado entiende que la falta de personal y de salas judiciales contribuye a retrasar los procesos y fortalece la percepción de impunidad entre los ciudadanos.

Asimismo, cuestionó los recursos destinados a la Policía Nacional y las condiciones laborales de sus agentes, al considerar que una política de seguridad efectiva requiere capacitación, salarios adecuados y mecanismos de supervisión.

«Aquí lo que hay es que proteger tanto a la autoridad como al ciudadano», expresó.

Advierten que las fichas policiales no equivalen a condenas

Los juristas también cuestionaron que las autoridades utilicen los antecedentes o registros policiales de las personas fallecidas para justificar las circunstancias en que se produjeron sus muertes.

Balcácer explicó que tener una ficha policial no significa necesariamente que una persona haya sido sometida a la justicia o condenada por un tribunal.

De igual manera, indicó que una orden de arresto o una declaración de rebeldía no constituyen por sí mismas una sentencia condenatoria.

El abogado diferenció entre las personas investigadas, aquellas que tienen órdenes de arresto pendientes y quienes han sido declaradas culpables mediante una decisión judicial.

En cuanto a la reincidencia delictiva, consideró que el Estado debe fortalecer los programas de rehabilitación, educación, capacitación laboral y seguimiento de las personas que recuperan su libertad, como parte de una estrategia integral para reducir la delincuencia.

Exigen pruebas sobre los supuestos intercambios de disparos

Por su parte, Manuel Sierra Pérez cuestionó que el Ministerio Público no haya ofrecido información sobre los resultados de las investigaciones relacionadas con las muertes ocurridas durante operativos policiales.

Indicó que los abogados han solicitado distintas diligencias, entre ellas autopsias, informes de médicos legistas, peritajes balísticos, registros de armas y grabaciones de cámaras de seguridad.

«¿Dónde están las armas con las que se produjeron esos supuestos alegados intercambios de disparos? ¿Dónde están las huellas dactilares para establecer que ciertamente ese infractor de la ley que murió tenía el arma en sus manos?», cuestionó.

Sierra Pérez sostuvo que estas evidencias son fundamentales para determinar si realmente ocurrieron enfrentamientos armados y si los agentes actuaron dentro de los límites establecidos por la ley.

«Nosotros lo que queremos es determinar si ciertamente se trató de intercambio de disparos. Se debe proteger a la autoridad», manifestó.

El jurista recordó que las órdenes de arresto establecen la obligación de conducir a las personas requeridas ante las autoridades judiciales, no de provocar su muerte.

«Primero es que son órdenes que no dicen que vayan y lo traigan muerto, sino que lo traigan vivo», expresó.

Finalmente, insistió en que el Ministerio Público debe investigar cada fallecimiento ocurrido durante intervenciones policiales, independientemente de los antecedentes o señalamientos que pesen sobre las personas involucradas.

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