Este jueves conocerán medida de coerción a La Tora, acusada de difamar a periodista Iluminada Muñoz
El magistrado Deiby Timoteo Peguero también tiene previsto conocer a partir de la 9:00 de la mañana, medida de coerción en contra de la comunicadora
Santo Domingo, RD.— El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, conocerá este jueves la audiencia preliminar y la solicitud de medida de coerción contra la comunicadora Claudina Pérez Ramírez, conocida como “La Tora”, imputada por presuntos actos de difamación e injuria en perjuicio de la periodista Iluminada Muñoz.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y fue presentada por el Ministerio Público, que además solicita que el tribunal dicte auto de apertura a juicio contra la comunicadora.
El proceso se deriva de una querella con constitución en actor civil presentada por Muñoz en 2024, a través de sus abogados Emery Colomby Rodríguez y Gabriel Brugal Villanueva, por hechos que, según la acusación, constituyen actos reiterados de difamación e injuria.
De acuerdo con los abogados de la periodista, los hechos denunciados no corresponden a un episodio aislado, sino a una supuesta campaña sistemática de descrédito desarrollada durante más de cinco años mediante distintas plataformas y espacios de difusión pública.
A partir de la querella presentada en 2024, el Ministerio Público inició una investigación en la que fueron recopilados múltiples elementos de prueba, entre ellos evidencias relacionadas con publicaciones y contenidos difundidos contra Muñoz.
Los representantes legales de la periodista calificaron la audiencia como un momento procesal relevante, debido a que permitirá al tribunal valorar los presupuestos jurídicos que sustentan la solicitud formulada por el órgano acusador.
Asimismo, señalaron que Claudina Pérez Ramírez habría sido citada en varias ocasiones durante el proceso y que, pese a ello, no habría comparecido ante las autoridades correspondientes.
Según los abogados, esta conducta demostraría un supuesto desinterés por someterse al proceso judicial, mientras que la imputada habría continuado realizando manifestaciones públicas que, a juicio de la parte querellante, formarían parte de la dinámica de difamación e injuria denunciada.
“La justicia no puede permanecer indiferente frente a una conducta que, según los elementos incorporados al proceso, se ha prolongado durante años y que ha tenido un impacto directo sobre la honra, dignidad y reputación de nuestra representada”, expresaron los abogados.
Los juristas precisaron que el objetivo del proceso penal no es generar una confrontación personal, sino procurar que el sistema de justicia ofrezca una respuesta institucional frente a los hechos denunciados, respetando las garantías correspondientes a todas las partes.
En ese sentido, indicaron que la acción busca establecer las responsabilidades que correspondan conforme al ordenamiento jurídico dominicano y procurar el resarcimiento de los daños que, según alegan, habría sufrido su representada.
De igual manera, explicaron que, en caso de que los tribunales reconozcan una reparación económica a favor de Muñoz, esta tiene previsto destinar los recursos correspondientes al fortalecimiento del ejercicio profesional de la comunicación y a realizar aportes a instituciones benéficas que desarrollen programas de atención, prevención y asistencia relacionados con el cáncer en República Dominicana.
El tribunal deberá valorar los elementos presentados por las partes y determinar los pasos procesales correspondientes dentro del caso.
