Federación de Comerciantes hace un llamado a Alfredo Pacheco a analizar la modificación de la Ley 225-20
SANTO DOMINGO, RD.- La Federación Dominicana de Comerciantes Inc. llama la atención al país y a nuestros congresistas sobre la modificación aprobada al vapor en el Senado de la Republica sobre la modificación de las Ley 225-20 sobre Residuos sólidos.
Esta modificación incrementa el impuesto que pagan las empresas hasta en un 3,846%, llegando incluso a representar hasta un 0.5 % de los ingresos brutos (ventas) de las mismas; por lo cual, es un impuesto que afecta negativamente las operaciones del sector empresarial del país.
Realizamos un llamado al Presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Alfredo Pacheco a la realización de reuniones en las Comisiones de Medioambiente y Finanzas que analizaran la modificación de la Ley 225-20 con los diferentes sectores empresariales del país, ya que su aprobación tal y como fue aprobada por los Senadores, constituiría en llevar a la quiebra a las empresas en todo el país por ser un incremento desproporcionado.
Realizamos un llamado a nuestros asociados en todo el país a que se reúnan con los legisladores de cada una de las provincias para que puedan entender el efecto negativo de esta modificación al sector comercio y a todos los sectores productivos del país, ya que se trata de gravar todos los ingresos por ventas de los productos, teniendo un efecto cascada en la cadena de distribución de los mismos, a modo de ejemplo el caso del Arroz, empezaría con el productor de arroz, luego el molinero, después el distribuidor, el mayorista, el supermercado y el colmado. al pasar por tantos integrantes de la cadena, el efecto del impuesto sobre el arroz seria de más de un 2%, que al no poder absorber este costo, se le traspasaría al consumidor final, lo que implica un incremento de la inflación de los productos de consumo básico.
Finalmente, le reiteramos el llamado a nuestros diputados a estudiar y escuchar a todos los sectores involucrados en el mismo, porque incluye además a las asociaciones sin fines de lucro, fideicomisos, fondos de inversión y cualquier persona física o jurídica que reporte sus ingresos a la DGII.
